Competencias irrazonables

Sección de Cultura de El País: “Wert dice que el cine español alcanzará la cuota de mercado más alta de su historia”. Este es el titular de la noticia del acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía a Lola Salvador en el Festival de San Sebastián. La primera mujer. La segunda guionista después de Rafael Azcona.

Más allá de que lamentemos que el tema del titular no sea Lola Salvador, nos preguntamos: ¿puede alguien que hace un año durante los debates en torno al acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y UE hablaba de “competencia razonable” para el sector audiovisual ser el portavoz de esta noticia? ¿Puede serlo alguien que, cuando el sector audiovisual albergaba la esperanza de que el cambio de modelo de financiación del cine llegaría (pronto), afirmaba que “nos tenemos que acostumbrar a las películas rodadas en inglés“*, ya sabéis, las coproducciones internacionales como vía para conseguir la financiación que ya no se encuentra en nuestro país, pero cuyo gobierno de la cultura española está causando tal inseguridad jurídica en el sector que muchas productoras internacionales prefieren no coproducir con España? *Eso de que nos tengamos que acostumbrar a rodar en inglés dicho por alguien que es el ministro de cultura merecería un comentario aparte.

En mi opinión tampoco estaría autorizado a hacerlo el representante de cultura de un gobierno que mantiene el IVA cultural al 21%. De este dislate de la política cultural española ya he hablado aquí.

No, José Ignacio Wert no está autorizado a contarnos que el cine español alcanzará la cuota de mercado más alta de su historia este año. Quienes están autorizados son aquellos que llevan años luchando por la excepción cultural en el audiovisual; o quienes han defendido la inversión de las televisiones en el cine (recordemos que las películas más taquilleras de las que habla la noticia de El País están producidas, y muy publicitadas, por las televisiones), por hacer solo una enumeración incompleta. Las enumeraciones son siempre incompletas.

A quien también pertenece esta noticia es al sector: a las productoras que están invirtiendo hipotecando sus casas, o a los actores y técnicos que están capitalizando sus sueldos para sacar adelante una película, es decir, trabajando gratis, o a todos los actores y técnicos que ya no trabajan, a pesar de que este año la cuota de mercado del cine español sea la más alta de su historia.

Y así terminamos de hablar de un sector polarizado entre la “industria”, representado en el cine financiado por televisiones, y la “no industria”, representado en el cine de presupuestos pírricos, en unos casos, o inexistentes, en muchos. Pero esto es otra cuestión. O la misma. Depende de cómo se mire.

Cinematografías nacionales: otra vuelta de tuerca

Son muchas las cuestiones alrededor del cine-sistema que avivan mis reflexiones. Así se excitaban recientemente mis reflexiones al conocer el debate que ha surgido en Reino Unido en torno a la entrega de los premios BAFTA a la mejor película británica a una película dirigida por un mexicano, Alfonso Cuarón, que trata sobre un astronauta americano protagonizada por dos grandes estrellas americanas, Sandra Bullock y George Clooney, aunque de producción británica y equipo británico: Gravity. *Alfonso Cuarón se ha alzado también con el premio BAFTA al mejor director en la presente edición de los premios de la cinematografía británicos.

Aunque la cuestión de la nacionalidad cinematográfica no sea un asunto novedoso en el debate (jurídico, político-cinematográfico, académico o, incluso, estético), la llegada de la crisis económica ha dado una vuelta de tuerca a esta cuestión. Así, en el caso español, sabemos que la búsqueda de financiación está obligando a muchos productores a poner su punto de mira en coproducciones internacionales y en fuentes de financiación extranjera. Aquí encontramos, entre otras, una de las razones por las que, según fuentes de la Academia de Cine, este año se han doblado las películas que quieren rodarse sólo en inglés (13 este año frente a las 6 previstas en 2013).

Así pues, y atendiendo al aumento de películas españolas que este año se rodarán en inglés nos preguntamos: ¿cómo interpretar pues la exigencia de la Ley del Cine española por la que, para que una película obtenga la nacionalidad española (requisito previo para optar a ayudas de estado), las obras cinematográficas y audiovisuales, entre otros requisitos, deban realizarse preferentemente en su versión original en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español” (art. 5.1 d)), es decir, español, catalán, gallego y euskera? Ídem con el cumplimiento del primer requisito del “certificado cultural” para las películas que optan a las ayudas para la amortización españolas: que las obras audiovisuales o cinematográficas “tengan como versión original cualquiera de las lenguas oficiales en España”.

¿Y cómo interpretará la Comisión Europea esta flexibilidad obligada por motivos crematísticos de la interpretación de este preferentemente del artículo 5 de la Ley del Cine?

Sea como sea no cabe duda: ante las arcas del Estado vacías para el fomento de la cinematografía plurinacional (“plurinacional mejor que nacional para el caso español; los franceses pueden seguir hablando de cinematografía nacional), la cuestión económica vence al fomento y preservación de la diversidad lingüística y cultural. Porque, ¿acaso no es la lengua de la versión original de una película uno de ítems que mejor nos ayudan a medir la diversidad cultural?

Y es entonces cuando las ayudas públicas a la cinematografía cobran sentido: ayudas públicas con el fin de preservar nuestra diversidad cultural. Seguiremos hablando de todo esto en el futuro.

Defendiendo la investigación en materia cinematográfica

El cine-cultura es un concepto de elevada complejidad (jurídica y conceptual) como para que no se haya convertido en un concepto “controvertido e impugnado” en la esfera pública y política de las sociedades modernas. Al menos los que se dedican a reflexionar e investigar acerca de las cuestiones cinematográficas en su vertiente de fomento no tienen duda ninguna duda de esta complejidad.

Una complejidad derivada de la tensión inherente entre el mercado cinematográfico y el fomento y protección de la diversidad cultural a la que los poderes públicos están obligados y que la Unión Europea está sabiendo conciliar de manera, en mi opinión, sobresaliente. La nueva Comunicación sobre Cine que esperamos la Comisión Europea adopte en breve es una magnífica prueba de ello.

Sin embargo los responsables de la política cinematográfica y audiovisual en España están demostrando no saber conciliar estas tensiones inherentes a la industria cultural por excelencia, el cine, con atino. Una política cinematográfica que, hemos de decir aquí, no depende únicamente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Si la política cinematográfica dependiera únicamente del ICAA, no hay duda, yo al menos no tengo ninguna duda, de que quien ahora está al mando del ICAA tiene el suficiente tino, y conocimiento y voluntad, como para saber conciliar estas tensiones e introducirlas en la política audiovisual y cinematográfica española con coherencia. Os invito por ello a leer el libro de Susana de la Sierra publicado en 2010 por la editorial Iustel Derecho del Cine. Administración cultural y mercado, con cuya lectura puede corroborarse que esta experta en derecho audiovisual europeo no sólo es conocedora de la compleja naturaleza dual, económica y cultural, del cine, sino que sabe ofrecer soluciones para abordar esta complejidad.

Pero, ¿acaso el contexto político-cultural le es favorable a Susana de la Sierra y a su equipo, cuando el Ministro de Educación, Cultura y Deportes Jose Ignacio Wert apostaba este verano por una “competencia razonable” como respuesta a los debates surgidos en torno a la posible no excepción cultural en el Tratado de Libre Comercio entre Europa y EEUU, demostrando una completa ignorancia en lo que a las cuestiones cinematográficas en materia audiovisual en Europa se refiere? Recordamos por ello que el Parlamento Europeo aprobaba este verano el mantenimiento de la llamada “excepción cultural”, por una mayoría de 381 votos contra 191.

¿Cómo puede desarrollar el ICAA una política cinematográfica coherente cuando el Ministerio de Hacienda decidió subir el IVA de las actividades culturales, y con ellas el cine, al 21 %, a pesar de los estudios económicos que avisaban el pasado otoño de que esta subida supondría la reducción del 30 % de la asistencia al cine. Los estudios económicos acertaron.

Y: ¿Qué otro motivo puede haber en la prevista reducción al fondo de la cinematografía en el proyecto de los presupuestos generales del Estado de 2014 que un total desconocimiento del funcionamiento de las ayudas a la amortización de largometrajes (ayudas estas efectivamente de difícil comprensión para un desconocedor de la materia) y un consciente (¿o inconsciente?) demérito del potencial económico de la cinematografía, sector este posee una importante capacidad de creación de empleo (36.000 empleos directos en 2010), una fortaleza empresarial, al menos hasta la subida del IVA, y que contribuye no poco a nuestro PIB (las actividades culturales tienen un peso superior en la economía que el de otras actividades económicas como la energía). Un potencial económico del que la Unión Europea o países como Reino Unido, Bélgica o Francia sí son conscientes; países estos, por otra parte, cuyas acciones de promoción a sus cinematografías nacionales reciben un importante apoyo por parte de la sociedad.

Prefiero pensar antes en la ignorancia de nuestros políticos que en teorías ideológico-conspiracionistas. Sea como sea, ¿es posible alcanzar la neutralidad en la política cultural cinematográfica, neutralidad de la que sí gozan otras disciplinas artísticas como la danza, la música clásica o la literatura?

Las cuestiones económicas que tanto afectan al sector cinematográfico dificultan sin embargo notablemente alcanzar esta deseada neutralidad ideológica en las políticas cinematográficas, al menos en nuestro país. La falta de estudios de investigación tampoco facilitan esta cuestión.

Fomentar la investigación multidisciplinar del sector podría ser un primer paso hacia esta deseada neutralidad. El British Film Institute (BFI), por ejemplo, tiene un departamento dedicado a la educación y a la investigación, el cual arroja no pocos datos clave para el establecimiento de políticas cinematográficas en Reino Unido. ¿Sería por tanto una posible solución para el desarrollo coherente de una política cinematográfica en nuestro país la creación de un departamento de investigación en el ICAA?