Ni tiempo ni dinero

La ciudad de Murcia tiene un nuevo festival de música: WAM. We are Murcia. ¿Nuevo? Empiezo. La ciudad de Murcia le ha puesto un nombre nuevo a un festival de música popular que se realizaba en la capital de la Región de Murcia los primeros días del mes mayo desde hace 10 años: el SOS 4.8. El primer gran festival de la temporada de festivales nacionales, anunciaban.

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Escribo “la ciudad de Murcia” como si no conociera la organización de este festival, a saber, que el WAM es una iniciativa del Gobierno Regional de Murcia y que este va a patrocinar el festival con al menos, y según la prensa local, 135.000€. Patrocinar en cursiva; entiéndase subvencionar.

Quizá he escrito “ciudad de Murcia” confundida por la declaración de intenciones publicada en la nueva web del nuevo festival wammurcia.es – #WAM2017: “Somos música, somos cultura, somos ciudad… Somos Murcia”. Copio y pego un extracto de esta declaración que leo en la web:

“Vivir Murcia al 200% sólo es posible con la colaboración de toda la ciudad. Murcia y WAM Estrella de Levante se volcarán en ofrecer la experiencia más completa que hayas vivido en un festival urbano con sus rutas gastronómicas y de shopping, con lo mejor del comercio murciano y una guía online que pronto podrás consultar en esta misma web.”

Solo deteniéndome en la declaración “Somos Murcia” recuerdo: en la capital de la Región de Murcia vive (solo) el 39% de la población de la Región. Y os recuerdo que este festival está promovido por el gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. E imagino el shopping que van a hacer los nuevos “wamers” (de los “sosers” del SOS a los “wamers” del WAM) en los malls de la ciudad a los que, por suerte, podrán ir en tranvía. Que se olviden de encontrar comercio tradicional en el centro urbano. Y ya que están en Murcia, ¡por Dios! que alguien utilice el fantasmagórico bus turístico de la ciudad.

De acuerdo: discrecionalidad política. De acuerdo: la jungla y complejidad del derecho administrativo. De acuerdo: no soy jurista y no puedo argumentar con rigor, y de esto me quejaba ya en otro post, por qué en teoría en derecho europeo esta subvención o ayuda pública del gobierno regional a este festival podría interpretarse en su sentido económico más estricto como una ayuda pública ilegal. Por cierto, y haciendo referencia a aquel post, lo que para mí era el mayor logro de este festival (coincidía con el puente de mayo, y el 2 de mayo de Madrid), se lo han cargado. ¿Tendrá algo que ver el Año Jubilar de Caravaca, me pregunto?

De acuerdo. Pero si yo ahora hubiera sido la Consejera de Cultura y hubiera tenido que tomar una decisión ante la cancelación del SOS por los problemas económicos que presentaba la anterior empresa organizadora del festival (Legal Music) y el tiempo que apremiaba, habría convocado sin dudarlo una rueda de prensa para contar lo que yo y mis compañeros de profesión sabemos: para hacer un buen trabajo es necesario tiempo. Mucho dinero o mucho tiempo. En este caso, we are murcia. No tenemos ni dinero, ni tiempo.

Libre. ¿Libre?

Ahora que ya no trabajo para la asociación cultural que organiza anualmente un festival anual en la Región de Murcia, ¿seré libre para expresar públicamente mis opiniones políticas, o mis críticas a la no-política cultural de mi región y de mi ciudad?

La libertad de expresión está reconocida como un derecho fundamental de la Constitución Española (art. 20 1.a)). Sí, ¿pero qué ocurre con la censura que nosotros mismos nos imponemos? Bueno, con la autocensura que yo misma me imponía. Porque yo pensaba todos estos años en los que trabajaba para una organización dependiente de financiación pública: Si trabajo para un festival que recibe ayudas públicas sin concurrencia competitiva (¡aunque fueran en especie!), o sin la firma de un convenio, ¿qué puede ocurrir si opino públicamente acerca de la no-política cultural del gobierno de mi región, o de mi ciudad?;  ¿Qué puede ocurrir si intento escribir públicamente acerca de la dificultad de encontrar patrocinadores para el festival para el que trabajo porque la administración pública busca también fondos privados, y con la visibilidad (y las relaciones) que ofrecen los representantes públicos es imposible competir?; ¿Qué puede ocurrir si analizo en mi blog la deriva mercantilista de la administración pública en materia de cultura, y, crítica siempre con las palabras, recuerdo que la administración pública no “patrocina” un evento cultural, sino que lo apoya, lo subvenciona, lo estimula, lo promociona o lo fomenta, a pesar de que en muchos casos sus exigencias o relaciones con los organismos que apoyan no es muy diferente al trato que los eventos culturales tenemos con las empresas privadas que sí nos patrocinan? Lo pensaba y, luego, me callaba.

Me siento a escribir esto cuando veo un cartel anunciando un evento gratuito “musical, cultural y de ocio” que se celebrará próximamente en una céntrica plaza de mi ciudad -y en el que no queda muy claro quién es el promotor- en el que se deduce una novedosa negociación de patrocinio. Uno de los escenarios se llama “escenario Maná”. El otro escenario se llamará “Escenario Ica”. Y yo me pregunto: ¿se refieren estos dos nombres a la discoteca Maná y al Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?

Como tengo libertad de cátedra (art. 20.1 d) CE), cuando hablo en mis clases de patrocinio cultural puedo contarles a mis alumnos qué opino al respecto;  contarles, por ejemplo, por qué opino que existen líneas rojas en las políticas de ayudas públicas y/o en la comunicación de esas ayudas públicas.

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Cambiando de tema. O no. Ayer un amigo recibió una multa de 600 euros de la policía por un comentario inofensivo que, según el policía que le multó, “le faltaba al respeto”. ¿En casos de abuso de la autoridad flagrantes -en opinión de los testigos- como este que me contaron ayer, ¿quién protege al ciudadano?

Anoche, en mis oraciones previas al sueño, pensé en Niklas Luhmann y en la Teoría de Sistemas. Me quedé dormida intentando escudriñar si puedo recurrir a las teorías de Luhmann para demostrar la relación entre la multa abusiva a mi amigo y la autocensura que llevo imponiéndome todos estos años.

Mientras ocurre todo esto, ando la mar de contenta de haber empezado a trabajar para una empresa que no depende de la administración pública. Será que con los años me estaré haciendo anarco-neoliberal.

Ayudas para la acción y promoción cultural

Hoy han sido publicadas las nuevas Ayudas para la acción y promoción cultural 2016 para entidades sin ánimo de lucro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte gestionadas por la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro (DGPICL). Muy pronto imagino que saldrán las de innovación, que son las mismas pero dirigidas a asociaciones con ánimo de lucro. A partir de mañana y hasta el próximo 18 de febrero un gran número de gestores culturales en España se pondrán a preparar o rediseñar proyectos que pueden ser un buen complemento a sus proyectos globales o una buena “oportunidad de negocio”. Solo unos pocos, los mejores, conseguirán la ayuda… y el resto nunca sabremos por qué un mismo promotor (velado en distintas figuras jurídicas) ha conseguido ocho veces más financiación que otros proyectos; o qué tienen los proyectos ganadores, esa nueva plataforma digital, esa nueva app, ese nuevo encuentro de profesionales, que no tienen los proyectos perdedores que se presentaban con esa nueva plataforma digital, esa nueva app o ese nuevo encuentro de profesionales que no ha conseguido la ayuda. Quizá solo sea que los proyectos ganadores han sabido leer entre las líneas las no poco ambiciosas finalidades de esta línea de ayudas al ámbito del sector “cultural y creativo” que, desde mi punto de vista no hace más que añadir confusión y exigir demasiado al precario sector cultural y creativo español:

Las ayudas para la acción y la promoción cultural tienen por objeto el fomento y la producción de actividades que contribuyan a generar contenidos culturales y a la modernización y profesionalización del sector cultural español, cumpliendo alguna de las siguientes finalidades: a)  Ofrecer productos y servicios culturales, fomentando el uso de las nuevas tecnologías en la creación de contenidos culturales y en su difusión. b) Incrementar la capacidad para generar empleo potenciando la formación, profesionalización, integración y creación de redes dentro del sector cultural. c)  Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales y fomentar el mecenazgo cultural. d) Fomentar la internacionalización de la cultura española y su inclusión en redes europeas de oferta cultural, favorecer los vínculos entre las Comunidades Autónomas y potenciar España como destino turístico cultural.

Leyendo las finalidades de esta línea de ayudas siempre he tenido la sensación de que la DGPICL estuviera utilizando esta enumeración de finalidades que han de tener los proyectos culturales y creativos que va a subvencionar para defender su propios objetivos de política cultural: generar empleo, estimular el mecenazgo, potenciar el turismo cultural, la internacionalización, etc. Y esto me confunde y no me deja mucho margen para desarrollar en libertad un proyecto que “contribuya a generar contenidos culturales y a la modernización y profesionalización del sector”.

Como gestora cultural he presentado a lo largo de estos últimos años proyectos que han conseguido financiación y proyectos que no la han conseguido. Puedo decir que, además, conozco bastante bien este texto jurídico porque me he dedicado en alguna ocasión al análisis de su discurso, concretamente, al análisis del concepto de diversidad cultural en estas ayudas. Así lo hice, timorata e inexperta, en la comunicación que hice en el Seminario Internacional organizado por la Universidad Carlos III “El sector audiovisual en la era digital”. Que ya no mencionen la diversidad cultural en estas ayudas (el texto de las ayudas del año pasado ya no mencionaba la diversidad cultural) no sé si me tranquiliza (para no usarlo bien, que no lo usen) o me preocupa (el concepto de diversidad cultural, en la dimensión conceptual que introdujo la Convención para la protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco de 2005, está estrechamente vinculado al concepto de industrias culturales).

Sea como sea, un año más el texto de las ayudas ha vuelto a decepcionarme. Quizá espero más de la Secretaría de Estado de Cultura; quizá espero la excelencia en la redacción de otros textos jurídicos dedicados a la cultura emitidos por el Ministerio que no encuentro en estas ayudas. Pero no solo me decepcionan estas ayudas conceptualmente; también lo hacen administrativamente. ¿Por qué no hay expertos profesionales del sector de las industrias culturales en la comisión de valoración, me pregunto, como sí ocurre en las ayudas del INAEM o del ICAA, atendiendo al derecho a la participación en la vida cultural del ciudadano?  El único un experto que hay en la comisión de valoración (como vocal) es un experto en Gestión Pública de Promoción de Industrias Culturales.

Sea como sea, imagino que este año volveré a probar suerte y ya he empezado a desarrollar un proyecto susceptible de recibir esta ayudas.

Confusión y lenguaje

Leo en la comunicación del proyecto de presupuestos 2016 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recientemente publicada en la página web de la Carm y literalmente reproducido por nuestros medios de comunicación regionales:

“El presupuesto destinado a Cultura está dirigido a proporcionar una estructura regional de la industria cultural que sea sostenible y cuente con un plan de gestión eficiente de los recursos culturales, cambiando la política de la subvención por la de inversión. Para ello, se incluyen exenciones fiscales en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el IRPF de donativos con fines culturales y deportivos y se crea un bono cultural para ayuda en la compra de entradas a espectáculos culturales”.

Debería esperarme a sacar conclusiones de esta breve presentación de los presupuestos destinados a Cultura a consultar las partidas presupuestarias efectivas destinadas a Cultura para el próximo año, que no serán solo las destinadas a las industrias culturales murcianas, sino también las destinadas a Museos y Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, espacios escénicos de titularidad autonómica que precisan apoyo público para su mantenimiento y que no son industria cultural, etcétera, para comentar este párrafo-resumen publicado recientemente por la Carm. Pero las palabras son importantes y la confusión en la política cultural regional y nacional imperante. Por ello, reflexiono con vosotros:

-Industria cultural: ¿Entiendo que definitivamente la Comunidad ha confundido ya sus propias dependencias y organizaciones con “industria cultural”? Recordemos aquí que ya el anterior gobierno creó el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (¿industrias de las artes o instituto de las artes), y que son competencias de este instituto, entre otras, la gestión de la Filmoteca Regional de Murcia y del Centro Párraga. Por si hubiera algún género de duda en mi discurso: ni la Filmoteca Regional ni el Centro Párraga son industrias culturales.

De este modo, entendiendo por industrias culturales aquellas empresas creadas libremente en el marco de la economía de mercado (art. 38 CE) que producen libremente productos culturales (art. 20.1b CE)  susceptibles de ser comercializados y, que por tanto, conviven igualmente con las dinámicas propias del sector cultural y con las dinámicas propias del mercado, este párrafo que comentamos precisaría de una revisión terminológica.

-Política de la inversión. Ciertamente puede ser un buen recurso defender los presupuestos públicos a la cultura como una inversión de futuro. Pero no olvidemos la lógica empresarial que posee la palabra inversión: ingresos, ahorro, finanzas y capital.

Es posible que el gobierno regional se esté refiriendo en este texto a la política de fomento de la inversión privada en el sector de las industrias culturales con capital. Pero no. Yo creo que están hablando del fomento al mecenazgo, algo bien distinto a la inversión de capital a las industrias culturales. Fomento al mecenazgo cultural, que es lo que es la “exención” fiscal en el impuesto del IRPF de donaciones anunciada por el gobierno regional, adicional a la deducción del 70% (hasta 150€) o del 30% (resto) de mis donaciones a fundaciones y asociaciones de utilidad pública culturales establecida en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su desarrollo normativo.

-El bono cultural.  Qué interesante va a ser ver cómo aplicarán esta idea del bono cultural. ¿Tendré que enseñar mi declaración de la renta para que me lo concedan? ¡Si Bourdieu levantara la cabeza! Pero mejor esperar a ver cómo desarrollarán el bono cultural para opinar.

Palabras y discurso

“Si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras, acabaremos siendo inconformistas con los hechos”.

Emilio Lledó

Hace un año participé con una comunicación en el congreso “El sector audiovisual en la era digital: políticas y estrategias para la diversidad” organizado por la Universidad Carlos III. Mi comunicación, claramente influenciada por mi formación filológica y mi acercamiento al derecho de la cultura desde una perspectiva interdisciplinar, analizaba, desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, el término diversidad cultural en los textos jurídico-administrativos dedicados al sector de las industrias culturales en España. Resumen: en política cultural, como en medios, el “corta y pega” se ha convertido en recurso. En el caso que analizaba, el “corta y pega” de textos jurídicos europeos resultaba casi impúdico ; aunque también puede hacerse una interpretación más benévola y hablar de intertextualidad…

Es decir, y parafraseando a Emilio Lledó, mi intención era hacer un análisis inconformista del uso de las palabras en los textos jurídicos, como paso previo al análisis inconformista de los hechos. En efecto habíamos de serlo en el caso del fomento de la diversidad cultural en España, con salvadas excepciones en el sector audiovisual. Y hemos de seguir siéndolo con otros muchos términos que tanta confusión están provocando en un sector de la cultura cada vez más complejo con la llegada de la revolución digital y tecnológica. Mecenazgo, transparencia o participación son algunos de ellos. Y a la cabeza de todos ellos: “industrias culturales”.

En defensa de todos los creadores, artistas y trabajadores del sector de la cultura, seamos inconformistas cuando en la opinión pública (medios y políticos) se confunden industrias culturales por sector cultural. Sí, es una parte del todo, pero no el todo. Aquí no sirven figuras retóricas.

Y busquemos datos que refrenden este inconformismo. Yo ya lo estoy haciendo.

Pensando la gestión cultural

Son tiempos difíciles para levantar proyectos culturales y encontrar financiación. Cierto. Pero, ¿por qué, además de las dificultades económicas a las que nos enfrentamos, o la frustración derivada de las múltiples habilidades que hemos de desarrollar en esta profesión (conocimientos de derecho, de finanzas, contables, de diseño, de marketing y comunicación adaptado a los cambios sociales y tecnológicos, entre otras), el desarrollo de habilidades diplomáticas es tan importante para un gestor cultural? Concretamente estoy pensando: ¿Qué tiene el trabajo en cultura para que en nuestra profesión encontremos tanta soberbia y relaciones tan neuróticas con los proyectos en los que trabajamos que en tantas ocasiones hacen tan arduo nuestro trabajo?

Sobre ello ya han reflexionado en profundidad autores como Bourdieu; tiene que ver, entre otros motivos tan interesantes como las tesis del filósofo francés, con el capital simbólico de la cultura y el poder vinculado a la cultura como práctica de la actividad intelectual y artística.

Pero “cultura” significa más cosas. Es por ello que cada vez estoy más convencida de que si los gestores culturales tuviéramos más presente los otros significados de cultura, y más concretamente, el significado antropológico -y ético- de cultura, es decir, y grosso modo, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias implícitos también en la noción de cultura, el acercamiento a nuestra profesión se transformaría positivamente. O, dicho de otro modo, la relación cultura/arte y poder quedaría en un segundo plano y nuestro trabajo de gestión cultural sería con gran probabilidad más útil para la sociedad.

Quizá entonces volvería a gustarme mi profesión.

Competencias irrazonables

Sección de Cultura de El País: “Wert dice que el cine español alcanzará la cuota de mercado más alta de su historia”. Este es el titular de la noticia del acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía a Lola Salvador en el Festival de San Sebastián. La primera mujer. La segunda guionista después de Rafael Azcona.

Más allá de que lamentemos que el tema del titular no sea Lola Salvador, nos preguntamos: ¿puede alguien que hace un año durante los debates en torno al acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y UE hablaba de “competencia razonable” para el sector audiovisual ser el portavoz de esta noticia? ¿Puede serlo alguien que, cuando el sector audiovisual albergaba la esperanza de que el cambio de modelo de financiación del cine llegaría (pronto), afirmaba que “nos tenemos que acostumbrar a las películas rodadas en inglés“*, ya sabéis, las coproducciones internacionales como vía para conseguir la financiación que ya no se encuentra en nuestro país, pero cuyo gobierno de la cultura española está causando tal inseguridad jurídica en el sector que muchas productoras internacionales prefieren no coproducir con España? *Eso de que nos tengamos que acostumbrar a rodar en inglés dicho por alguien que es el ministro de cultura merecería un comentario aparte.

En mi opinión tampoco estaría autorizado a hacerlo el representante de cultura de un gobierno que mantiene el IVA cultural al 21%. De este dislate de la política cultural española ya he hablado aquí.

No, José Ignacio Wert no está autorizado a contarnos que el cine español alcanzará la cuota de mercado más alta de su historia este año. Quienes están autorizados son aquellos que llevan años luchando por la excepción cultural en el audiovisual; o quienes han defendido la inversión de las televisiones en el cine (recordemos que las películas más taquilleras de las que habla la noticia de El País están producidas, y muy publicitadas, por las televisiones), por hacer solo una enumeración incompleta. Las enumeraciones son siempre incompletas.

A quien también pertenece esta noticia es al sector: a las productoras que están invirtiendo hipotecando sus casas, o a los actores y técnicos que están capitalizando sus sueldos para sacar adelante una película, es decir, trabajando gratis, o a todos los actores y técnicos que ya no trabajan, a pesar de que este año la cuota de mercado del cine español sea la más alta de su historia.

Y así terminamos de hablar de un sector polarizado entre la “industria”, representado en el cine financiado por televisiones, y la “no industria”, representado en el cine de presupuestos pírricos, en unos casos, o inexistentes, en muchos. Pero esto es otra cuestión. O la misma. Depende de cómo se mire.