Fundaciones “en mano pública”

Como vienen recogiendo desde hace algunos meses distintos medios de comunicación, la elaboración de una nueva Ley de Mecenazgo está siendo, junto al cambio de modelo de financiación del cine en España, una de las principales punta de lanza de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno actual. Apoyada en una visión liberal de la administración cultural, su promulgación llegará gracias al “empeño personal de algunos”, como en alguna ocasión ha declarado el Secretario de Cultura Jose María Lasalle.

Pero, ¿está la sociedad española preparada para una nueva Ley de Mecenazgo? No pretendo responder en cuatro párrafos a esta pregunta, pero sí introducir alguna de las primeras reflexiones que me surgen al formular esta pregunta. Estoy pensando, por ejemplo, en el abuso y maluso que el poder público ha hecho de la figura jurídica de la fundación “en mano pública” durante estos últimos años. Porque, y a estas “primeras reflexiones” me refería, ¿puede pedírsele a la sociedad que esté preparada para la futura Ley de Mecenazgo, cuando el mismo poder público lleva años haciendo un uso desvirtuado de la institución que nuestro marco jurídico ofrece a la sociedad civil para desarrollar su afán de coadyuvar al interés común?

La capacidad de fundar y de dedicar un patrimonio privado a un bien de interés general está reconocida en el artículo 34 de la Constitución española en la sección dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos ayuda a configurar, junto a las asociaciones, la estructura democrática del Estado a través de la capacidad del ciudadano de participar en la res publica. Es esta la razón por la que algunas voces en la ciencia jurídica han criticado fervientemente que una figura jurídico-pública pueda fundar, por ser esta una capacidad propia de los ciudadanos, como acabamos de ver, reconocida en la CE.

Que una fundación (y una asociación) desarrolle acciones destinadas al interés general es la razón que fundamenta las exenciones fiscales a las que estas figuras jurídicas tienen acceso, y el motivo por el que el Estado ha de facilitar y fomentar su creación y trabajo.

Así las cosas, la exposición de motivos de la Ley de Fundaciones 50/2002 señala que la Ley se modificaba[1] con el fin de «fortalecer el fenómeno fundacional en nuestro país». Sin embargo, ¿podemos decir que el fenómeno fundacional en nuestro país exclusivamente privado se ha fortalecido? En este sentido, que algunas fundaciones hayan estado “en mano pública” eludiendo en muchas ocasiones las obligaciones públicas de la administración que la promueve, no creo que haya contribuido a fortalecer el fenómeno fundacional, tan íntimamente ligado por otra parte a la naturaleza de la Ley que la Secretaría de Estado de Cultura está elaborando.

No voy a poner ningún ejemplo. Muchos de nosotros conocemos alguna fundación pública que ya está en proceso de extinción cuyas tareas deberían haber sido competencia de la administración pública. Ejemplos de ello hay en todas las Comunidades Autónomas y en un gran número de corporaciones locales.


[1] Con anterioridad, esta previsión constitucional se encontraba cumplida mediante la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general.

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